Bruselas admite que ignora el efecto sobre la salud y el ambiente del 99% de los productos
Las empresas ejercieron presiones sin precedentes sobre la Eurocámara
El Parlamento Europeo aprobó ayer por amplia mayoría un nuevo reglamento que obliga a la industria europea a registrar del orden de 30.000 productos químicos que hoy circulan prácticamente sin control. El objetivo es proteger la salud y el medio ambiente sin perjudicar la competitividad de la industria europea, líder mundial. El nuevo ordenamiento obliga a las compañías a proporcionar los datos de las sustancias, crea una agencia que evaluará su peligrosidad y establece la obligación de revisar las autorizaciones cada cinco años. El procedimiento pendiente permite aventurar que el nuevo reglamento comenzará a aplicarse en 2007 y lo será por completo en 2018.
REACH, por las siglas en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Químicos, es el más complejo de los reglamentos que ha conocido la Unión. Su aprobación ha llevado varios años de discusión interna y externa que permitieron a grupos de presión relacionados con la industria química continental, en particular la alemana, ejercer presiones sin precedentes sobre la Eurocámara con el argumento de que su aplicación produciría costes insoportables, pérdida de competitividad y desaparición de puestos de trabajo. Fue aprobado ayer por 407 votos contra 155 y 41 abstenciones gracias al compromiso alcanzado con enmiendas que buscaban el equilibrio, subrayado por la mayoría de los grupos, entre salud y medio ambiente e intereses industriales.
Los productos químicos son una constante en el mundo contemporáneo, desde insecticidas y pesticidas a esmaltes de uñas y colonias, pasando por los plastificadores de los juguetes o retardadores de fuego empleados en ordenadores y vehículos. La vida sin ellos sería hoy imposible y sin embargo la Comisión Europea admite que ignora casi todo del 99% de ellos. Hasta el momento se emplean y se venden sin evaluación sólida y de algunos se sospecha que son cancerígenos o mutágenos, mientras otros se acumulan en el organismo o producen alergias y alteraciones hormonales.
A llenar ese extraordinario vacío acude REACH, al imponer que todas las sustancias producidas, o importadas, en la UE por encima de una tonelada, salvo las exentas por su demostrada inocuidad, queden registradas en la futura agencia de productos químicos radicada en Helsinki. Son unas 30.000. Las que no sean registradas y tampoco estén exentas no podrán ser utilizadas en la Unión. La propuesta de crear este registro, que tendrá datos sobre propiedades y utilización de los productos, salió adelante por 438 votos frente a 144, con 15 abstenciones.
El plazo de registro para todas las sustancias que se emplean en la UE es de 11 años, en una escala temporal que tiene en cuenta las cantidades producidas y su peligrosidad: las que superen las 1.000 toneladas o las más tóxicas o dañinas deberán ser registradas, evaluadas y aprobadas antes. Una enmienda establece que los derivados del tabaco deberán ser sometidos al procedimiento de registro.
Al consenso sobre el registro alcanzado por el Partido Popular Europeo, los socialistas y los liberales se sumó ayer el grupo que acoge a comunistas y verdes nórdicos después de que éstos consiguieran el apoyo suficiente, de socialistas, liberales y verdes, para sus ideas sobre la autorización y sustitución de ciertas sustancias. Este paquete fue aprobado con un margen más ajustado (327 a 263, con 15 abstenciones) y es susceptible de modificaciones en los procedimientos pendientes. Las enmiendas aprobadas obligan a que las autorizaciones estén limitadas a un plazo máximo de cinco años y que sólo se concedan si se demuestra que no hay sustancias o tecnología alternativas y que las ventajas socioeconómicas compensan los riesgos para la salud y el medio ambiente. Lo que se pretende es incentivar el desarrollo de alternativas o tecnologías.
El reglamento establece el principio de que son las empresas las que deben proporcionar los datos, aunque con tantas excepciones y limitaciones que para las alrededor de 20.000 sustancias producidas en cantidades de entre 1 y 10 toneladas sólo entre el 10% y el 30%, las de mayor riesgo, deberán ir acompañadas de información exhaustiva.
Estas limitaciones fueron introducidas con el propósito de aligerar las cargas económicas a las pequeñas y medianas empresas, consideradas como más vulnerables a nuevos requerimientos y pruebas de laboratorio. Con el mismo fin se mantiene el principio de Una sustancia, Un registro (OSOR, en sus siglas en inglés) que obliga a compartir los datos con otras compañías, algo a lo que se siguen oponiendo las grandes multinacionales. Atendiendo a sus demandas se ha aumentado el número de casos en que dejará de aplicarse OSOR, pero las empresas que quieran acogerse a ese derecho deberán exponer sus motivos a la agencia, que podrá aceptarlos o no. El principio de OSOR se aplicará estrictamente a las pruebas con animales, incluidos los invertebrados. En todo caso, la experimentación con animales deberá reducirse a la mínima expresión.
Edición del viernes, 18 de noviembre de 2005
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